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Por Ana Paula de la Torre Díaz

Este fue el título de una de las notas estelares de esta semana.

Uno de los conflictos que las víctimas del delito más sufren es la impunidad. Esa impotencia de saber que todo un sistema no sirve y que por más que te esfuerces rara vez se conseguirá justicia. Se tiene que avanzar en todas las aristas, da impotencia también saber que las soluciones que se plantean no son de fondo y generalmente no llegan a ese fondo por intereses electorales, partidistas y de poder. Pocos quieren asumir costos de promover cambios reales, ya que son complejos y perjudican a mucha gente que se benefician de un sistema ineficiente de una u otra manera.

También del otro lado está el pesimismo, nada sirve, estamos condenados a la ineficiencia porque somos corruptos de fondo, eso es asegurar; el alma del mexicano está corrompida, y en términos más globales, el alma del ser humano está corrompida.

Las dos opciones son dañinas, las soluciones de parche lo son, porque se cae en un círculo vicioso, se convierten en una cultura constante, (no por algo “Kola Loka, ‘pega de locura'” sigue vendiéndose, en pequeña escala esto puede ser una muestra de una cultura persistente). Sin embargo, el pesimismo incondicional, también lo es.

La nueva ley aprobada en el D.F intenta ayudar a las víctimas directas e indirectas de los secuestros, devolver, mediante incautación de bienes, algo del dinero que perdieron. Contempla también incapacidad laboral para víctimas directas e indirectas que el juez determine para poder dejar de asistir al trabajo por el tiempo que duró secuestrada la víctima directa. Lo anterior, para que puedan trabajar los daños psicológicos ocasionados por secuestro.

En el caso del dinero es pertinente porque había situaciones en las que el capital no era devuelto a la familia o persona que lo había dado incluso en situaciones en las que se detenía a los plagiarios recibiendo el dinero. La forma de contar con capital por parte del gobierno sería a base de incautación de bienes de delincuentes o bien mediante un fondo gubernamental creado para estos casos. Lo que hay que recalcar es que la ley contempla medidas tomando en cuenta sólo los casos en los que los delincuentes son identificados. En caso de la cantidad de delitos que quedan impunes de este tipo, queda en el aire aquellos casos que no quedan resueltos, en estos casos ¿ Habrá algún modo de solventar un fondo para la cantidad de delitos que queden impunes?. ¿ Cómo comprobar la cantidad que la víctima dice pagó si no se encuentran a los delincuentes, aún así, si los encuentran?.

Para no alargar, creo es un buen intento, aunque es una ley a la que cuelgan lagunas. Es además un hecho que aunque es un logro que las víctimas sean a cada vez más tomadas en cuenta por el estado, éste no puede servir de caja chica a manera de programa de oportunidades para resarcir un daño que proviene de pobreza, cultura de violencia, y un sistema de justicia ineficiente.

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