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La creación del Comité Técnico de Valoración Salarial, tuvo como finalidad la transparencia y a su vez la opinión sobre las percepciones de los funcionarios públicos, el cual ha tenido éxito, sin embargo es una herramienta que es desaprovechada por el Legislativo, por tanto la legislación tendría que adoptar estas opiniones técnicas para que esta legislación sea más ética y ser más transparente en la aplicación de los recursos públicos.

El Diputado Héctor Álvarez Contreras presentó en sesión del Pleno del día 17 de febrero, iniciativa de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 46 Bis 1 de Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta iniciativa pretende que el Congreso del Estado deba apoyarse técnicamente en el Comité Técnico de Valoración Salarial del Estado de Jalisco, para que exista equidad salarial, sobre todo en los salarios de los servidores públicos, especialmente los del Poder Judicial, que sostienen en gran parte el Estado de Derecho al momento mismo de impartir justicia y contrariamente son ignorados en cuanto a sus percepciones.

Esta propuesta legislativa consiste en el reconocimiento al esfuerzo y equidad salarial que el personal ministerial y judicial rinden a diario con su esfuerzo, dedicación y riesgo probado, para que estén en el nivel que se requiere y cuenten con una remuneración en base a los esfuerzos que la actividad judicial requiere, situación que ha demeritado en mucho debido a la falta de incremento salarial que en algunos casos desde hace tres años no se equilibra, debiendo, el Comité Técnico de Valoración Salarial, definir el sueldo para estos servidores públicos.

Las recomendaciones del CTVS tendrían que ser consideradas y analizadas por las autoridades que gocen de autonomía presupuestaria, durante el proceso de aprobación de sus presupuestos de egresos respectivos.
Esta iniciativa propone condiciones claras y precisas desde lo presupuestal, estableciendo lo más objetivo posible una fijación para el salario de los trabajadores del poder judicial en cuanto al gasto y su ejecución, y en términos generales en los tres poderes que conforman al gobierno del estado de Jalisco.

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