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Difundir…

Por Ana Paula de la Torre Díaz

¿Cuántos funcionarios públicos se quedan con dinero?, es difícil de calcular, pero es común escuchar historias de personas que trabajan recientemente en la administración pública y que se enteran de este tipo de situaciones sin que se sientan impotentes.
Este jueves salió la noticia de que la Secretaría de Función Pública castigaba a funcionarios y ex funcionarios de la PGR en Tabasco, que involucraban a Bernardino Rico, delegado estatal de la PGR en Tabasco; a su antecesor, César Romero, titular de la delegación en 2007; al subdelegado administrativo Alberto Reyes, y al jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros, Néstor Que Baños.
El subdelegado administrativo fue inhabilitado por 11 años para trabajar en el gobierno federal y se le impuso una multa de 5.9 millones de pesos; el jefe de Departamento de Recursos Materiales y Financieros fue destituido e inhabilitado por 10 años para trabajar en el gobierno federal y se le impuso una multa de 5.9 millones de pesos.
Las sanciones derivaron de una investigación de la SFP que demostró que la delegación estatal de la PGR no presentó la documentación que debe soportar la erogación del gasto de recursos públicos de 2007, por un monto de más de 9 millones. En 2008 y 2009 tampoco se comprobó adecuadamente el ejercicio, por 17.9 millones de pesos. De esta cifra, 11.8 millones de pesos son gastos no comprobados, y 6 millones 70 mil pesos están justificados con facturas y documentos de adquisiciones de bienes y servicios no vinculados a los objetivos de la institución.
Por último Romero, quien fuera delegado de la PGR durante 2007, no resultó administrativamente responsable, pero sí tiene probable responsabilidad penal.
Los funcionarios fueron acusados de hacer pagos indebidos, como pasajes de avión a Las Vegas, Nevada, paquetes funerarios a favor de terceros hasta por 37 mil pesos, y manejo indebido del fondo revolvente en el primer trimestre de 2008 y de 2009. Giraron además 279 cheques, cuyos beneficiarios no están registrados, y presentaron facturas y tickets que amparan la compra de videojuegos, televisores, muebles, electrodomésticos, entre otros artículos.
Las sanciones anteriormente mencionadas representan un avance que debe difundirse, y es que mientras personas que no saben tener poder lleguen a las arcas gubernamentales, sacarán todo su cobre de naquéz, de aquél que pierde la dignidad ante cualquier oportunidad de sentirse quien no fue. En el fondo son situaciones de complejos de inferioridad y muchas veces de ambición patéticamente desmedida, ya que va más allá de lo que realmente significa tener verdadera calidad de vida.
Tener el descaro de presentar notas de videojuegos como comprobante de gastos es no tener los pies en la tierra, considerarse completamente intocables, creo, es el peor signo de naquez…
La nota publicada este jueves es buena noticia, debería empezar a quedarse en nuestro conciente que existe una Secretaría de Función Pública, que si hacemos el escándalo necesario, esos típicos casos de robo de dinero de los que nos enteramos, pueden convertirse en una deuda millonaria para quienes no tuvieron la racionalidad necesaria para saberse lo que todo ser humano es: alcanzable…
Aclaración: utilizo la palabra naco, con el sentido de ignorante, faltante de sentido común, de vergüenza y dignidad. No tiene nada qué ver con clases sociales, ni con ocupaciones, tienen que ver con ese sentido común mínimo que cualquier persona de cualquier estrato puede tener. Debería tener.
Les dejo el 01 800: 01800-386-2466. Las denuncias son anónimas.
“Del gobierno quejándonos pero con el mazo dando. “
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